El Gobierno español aprobó, en julio de 2017, el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, al igual que ya se había hecho en otros países europeos y americanos en los últimos años. Estos planes de acción no constituyen en sí mismos normas jurídicas. La Confederación Mundial de Derechos Humanos se refiere a ellos como documentos dirigidos a articular medidas e instrumentos que, por un lado, fomenten acciones de la Administración que favorezcan la promoción de la protección de los derechos humanos y, por otro lado, establezcan las líneas que deben de observar y respetar las empresas para el respeto y protección de los derechos humanos. Esas son, por tanto, las finalidades formales del plan español que ha entrado en vigor.
Según los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, existen dos actores principales que deben velar por que los derechos humanos sean respetados en todo momento en ámbitos vinculados a las empresas: por un lado, el Estado tiene la obligación de establecer los medios y las herramientas necesarias para proteger los derechos humanos y, por otro, las empresas están obligadas a respetar los derechos humanos y a asegurar su no vulneración a lo largo de la cadena de valor, poniendo los medios necesarios para evitarlo —a lo que se ha denominado debida diligencia—, así como a reparar el daño ya generado en caso de que se hubiera producido algún tipo de vulneración.
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